El delito de homicidio imprudente en relación con el COVID-19

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Resulta ya más que contrastada la existencia de un documento del Ministerio de Sanidad firmado por el propio Fernando Simón y el resto del equipo del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), resumiendo la situación de la pandemia a fecha 6 de marzo de 2020. Esos días, el gobierno autorizó concentraciones masivas, como competiciones deportivas, conciertos o las manifestaciones feministas del 8-M.

Así, a pesar del estado de peligro inminente, las advertencias internacionales y europeas y del precedente de China e Italia, los responsables políticos, en el ámbito de sus respectivas competencias, decidieron no cancelar actos previstos ni adoptaron medidas para evitar aglomeraciones, lo que se tradujo en un foco masivo de contagio.

En este sentido, encontramos que la Autoridad competente para suspender o cancelar un acto, evento o festividad en concreto, dentro de su ámbito legal de actuación, omitió dictar la oportuna resolución de suspensión o cancelación y la toma de medidas preventivas para garantizar la salud e integridad de los ciudadanos que, como derecho fundamental, vincula a todos los poderes públicos.

En cuanto a la comisión imprudente del homicidio se regula en los artículos 142 y 142 bis del Código Penal, siendo un elemento fundamental la exigible probanza de la relación de causalidad entre la conducta exigible de diligencia y el resultado producido

Por tanto, será necesaria la existencia de un nexo causal, en este caso, la evidencia de que se produjeron contagios en los actos concretos y no antes o después de ello.

Para cualquier duda o comentario, se pueden dirigir a este teléfono: 965986230, y a esta dirección electrónica email@lopezgimeneztorres.com.

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