Reclamar daños y perjuicios por el fallecimiento de persona mayor abandonada en la residencia

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Por desgracia existen numerosos casos de ancianos fallecidos debido al abandono sufrido en la residencia en la que se encontraban internos. Dicha acción es susceptible de reclamación por parte de los afectados, lo que significa consecuencias penales para los autores.

Así, podrán reclamar todos aquellos afectados que puedan acreditar abandono en situación de peligro manifiesto y grave, siendo responsable quien no socorra al desamparado ni avise inmediatamente a terceras personas para que lo hagan.

Por ello, en estos supuestos se podrá́ exigir responsabilidad penal por omisión del deber de socorro, tal y como recoge el artículo 195 del Código Penal, que castiga con penas de multa de tres a doce meses al que “no socorriere a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiere hacerlo sin riesgo propio ni de terceros”; o, en su caso, lesiones y homicidio imprudente, sin perjuicio de la responsabilidad civil por daños y perjuicios.

A modo de ejemplo señalamos la Sentencia de la AP de Logroño, de fecha 24/09/2012, en la que recoge que:

El tipo penal no requiere la protección de la vida o integridad física, sino que se atienda a la persona en peligro. Se castiga la infracción del deber de auxiliar a la persona en peligro. Correlativamente lo que se tutela es el derecho a ser asistido cuando se está en una situación de peligro grave para la vida o integridad física. Ese deber es más intenso respecto de quien ha provocado esa situación de peligro. De ahí que cuando se trata de la aplicación del párrafo tercero del art. 195 se viene sosteniendo, como se afirma en una de las sentencias anteriormente transcritas, que la presencia de terceros no elimina el deber de auxilio personalísimo de quien causó el accidente. Sólo se excluiría su punición si ya se ha cerciorado de que las víctimas están siendo asistidas de forma efectiva y su presencia no puede aportar nada diferente”.

Y así lo corrobora la sentencia STS 648/2015, de 22 de octubre, al señalar que el interés jurídicamente protegido por el delito de omisión del deber de socorro es “la mínima cooperación social exigible, la solidaridad humana, la vida o integridad física en peligro, la protección de los bienes primarios en desamparo, junto con el escaso riesgo en prestar el socorro”.

Para cualquier duda o comentario, se pueden dirigir a este teléfono: 965986230, y a esta dirección electrónica email@lopezgimeneztorres.com.

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17 Respuestas

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